Desde hace 25 años, Colombia ha llevado a cabo cambios regulatorios y operativos que han hecho que se posicione como un referente en temas de energía en la región. A pesar de los avances, aún quedan esfuerzos por realizar para garantizar el suministro de la energía a precios eficientes en todo momento, lograr una mayor calidad y cobertura del servicio y aumentar la resiliencia ante fenómenos climáticos.

El Gobierno de Colombia interesado en modernizar el marco institucional y regulatorio del sector eléctrico, para facilitar la incorporación de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales en el mercado, en 2019, a través del Ministerio de Minas y Energía – convocó a una misión de expertos para que propusiera ajustes orientados a propiciar la transición energética.

La Misión de Transformación Energética constó de dos fases enfocadas en la realización de propuestas para el sector y el diseño de la hoja de ruta para su implementación. La primera fase estuvo conformada por un grupo de 20 expertos nacionales e internacionales que realizaron un diagnóstico del estado actual y desarrollaron propuestas condensadas en 5 focos:

1. Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico.
2. El rol del gas en la transformación energética.
3. Descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda.
4. Cierre de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de subsidios.
5. Revisión del marco institucional y regulatorio.

Posteriormente, durante el 2020 se llevó a cabo la segunda fase de la Misión que tuvo por objetivo trazar la hoja de ruta de las propuestas de la primera fase, con miras a materializar la modernización y la transformación energética del sector.

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Como parte de la fase 1, los expertos para cada foco elaboraron un documento que resume la situación actual de la temática, plantean la visión que se ha discutido con el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas y vinculadas, y propone las acciones que deben cumplirse.

Cada equipo mantuvo discusiones previas con las entidades y agentes relacionados directamente con la temática, incluyendo los gremios y la academia (a favor y en contra).

Los documentos con las recomendaciones finales de cada uno de los focos de estudio fueron revisados por pares independientes de la industria y la academia. Durante la fase 2, un equipo conformado por un experto técnico y un experto legal, entregó un documento con la formulación de la hoja de ruta y el análisis de los habilitadores legales y regulatorios necesarios para materializar las propuestas.

A continuación todos los documentos propuestos

(Documentos Final Hoja Ruta de la Transformación Energética)

• Hoja Ruta de la Transformación Energética.

(Documentos Fase 1)

• Foco No. 1. Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico.
• Focus No. 1. Competition, participation and structure of the electricity market.
• Foco No. 2. El gas natural en la transformación energética. Abastecimiento, suministro y demanda
• Foco No. 3, (Fase I). Descentralización y Digitalización de la Industria y la Gestión Eficiente de la Demanda.
• Foco No. 3. Hoja de ruta regulatoria para un desarrollo más eficiente de los recursos distribuidos.
• Foco No. 4. Cierre de brechas, mejora de la calidad y diseño y formulación eficiente de subsidios.
• Foco No. 5. Institucional y Regulatorio.

(Documentos Fase 2)

• Informes Segunda Fase Misión de Transformación Energética.

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Coordinación

Peer Reviewers

Mercado mayorista de energía

Mercado de gas natural

Modernización de la red

Cobertura de energía y subsidios

Marco institucional y regulatorio

Expertos Segunda Fase

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En 1994 se reformó el funcionamiento del sector eléctrico colombiano, con lo que se ha logrado garantizar el suministro, aumentar la cobertura y afrontar las dificultades que traen los fenómenos climáticos, como el fenómeno de El Niño. Sin embargo, en Colombia existe una alta concentración en la generación y comercialización del servicio público de energía eléctrica, un bajo despliegue de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNCER), como la energía solar y eólica, a gran y pequeña escala, y un uso limitado de instrumentos financieros y nuevos esquemas transaccionales, lo que resulta en señales de precios ineficientes que impactan en la tarifa que pagan los usuarios finales.

En los últimos años, el gas natural se ha convertido en un combustible clave para la transición energética. En Colombia se ha evidenciado una reducción gradual y sostenida en la producción de gas natural.

Para el año 2021, la demanda de gas será mayor que la oferta. Por lo tanto, Colombia necesitaría gas importado para el uso de gas domiciliario o el uso de gas vehicular, lo que implicaría mayores costos para los usuarios.

Es necesario que el país tenga un plan de abastecimiento de gas natural sostenible y de largo plazo que asegure una generación térmica confiable, dada la complementariedad que la misma otorga en los períodos de baja hidrología.

Después de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), el gas natural, presenta la mayor tasa de crecimiento entre los energéticos destinados a la generación eléctrica. La flexibilidad que ofrece esta tecnología es un complemento importante para la penetración de fuentes variables de generación eléctrica, por lo que es imperativo desarrollar un esquema de suministro de gas natural amplio, diverso, competitivo y estable para permitir a los actores del mercado tomar decisiones de largo plazo.

Colombia necesita migrar hacia una economía que consuma electricidad de forma eficiente y con la intensidad que requiere el desarrollo económico e industrial del país, y para ello requiere políticas y medidas regulatorias para incentivar la adopción y financiación de tecnologías y servicios.

Asimismo, se necesitan medidas que promuevan la digitalización y descentralización del sector y fomenten la participación activa e informada de la demanda y la adopción de tecnologías para gestión de consumo, almacenamiento, o generación, además, de incentivar a las empresas para que implementen nuevos servicios para la gestión eficiente de la demanda y genere beneficios reales para los usuarios.

Aunque la cobertura del servicio de electricidad es hoy superior al 97%, en el país hay más de 431.000 viviendas sin servicio de energía eléctrica. La reducción de este déficit de servicio asegurando niveles adecuados de calidad, ha sido uno de los propósitos de la política pública y es un elemento indispensable para cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo del actual Gobierno. El costo estimado para lograr una cobertura total del servicio de energía eléctrica es de $5 billones y se necesita de un monto similar para normalizar las redes a nivel nacional y lograr niveles adecuados en la calidad del servicio.

Para avanzar de manera eficiente en el aumento de la cobertura se deberá tener un enfoque de energización y no solamente de extensión de redes, pues a través de los años se ha demostrado que esto último no tiene el potencial de transformar los modos de generación de energía y la calidad de vida de las poblaciones. Asimismo, deben contemplarse los nuevos desarrollos tecnológicos disponibles.

En el mercado eléctrico colombiano, existen dos fondos que tienen como finalidad otorgar subsidios al consumidor final (FSSRI y FOES), y cuatro fondos que tienen como finalidad otorgar subsidios a los agentes del mercado FAZNI, FAER, PRONE y el FNRSGR, este último no exclusivo del sector. La proliferación de subsidios ejerce una presión fiscal creciente e insostenible en el Presupuesto General de la Nación.

La necesidad de la transición hacia una industria más innovadora, un mercado flexible que propicie la entrada de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales y una matriz energética más diversa y resiliente, exige cambios en el marco institucional y regulatorio. En este sentido, se hace necesario revisar la estructura del Ministerio del Ministerio de Minas y Energías (MME), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE), y las demás instituciones gubernamentales involucradas, con el fin de que exista una coordinación efectiva entre ellas y sus funciones estén en línea con las tendencias del sector. De igual manera, debe revisarse la forma de desarrollar la regulación.